En el pasado mes de marzo, la Policía Local del Ayuntamiento de La Coruña interpuso una reclamación contra uno de sus vecinos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). ¿El motivo? Haber instalado una video cámara en el interior de su vehículo y orientada hacia una zona pública próxima a las inmediaciones de un colegio.

Tal y como constató la policía, la cámara captaba imágenes de la vía pública de manera indiscriminada.

Con la intención de analizar el caso, la Agencia requirió al denunciado información que justificase el uso de dicho sistema de grabación.

Entre las alegaciones presentadas, el reclamado afirmó que el motivo principal de la instalación del dispositivo había sido registrar actos vandálicos sufridos en su vehículo. Sin embargo, durante el procedimiento no aportó denuncia o documentación que acreditase los daños y perjuicios sufridos.

En su defensa, el coruñés confirmó que había «procedido a la retirada de la cámara del vehículo» insistiendo, además, que «las imágenes no habían sido tratadas, ni subidas a redes sociales».

El tratamiento de imágenes y la protección de datos

La normativa española aplicable para el tratamiento de datos personales es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD). Esta no se aplica en ciertas circunstancias. Una de ellas sería cuando el tratamiento de datos personales sea efectuado por un particular en un ámbito exclusivamente personal o doméstico.

Esta excepción no se emplearía, por ejemplo, cuando el tratamiento pueda lesionar los derechos e intereses de las personas.

En el caso denunciado, el dispositivo instalado en el vehículo obtenía imágenes (datos personales) de los viandantes de un espacio público. Un uso excesivo que no estaría justificado y que estaría reservado en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En términos generales, el uso de sistemas de videovigilancia se circunscribe a la protección de entornos privados. Si se hiciera uso de ellos, tan solo se podrían obtener datos de dicho entorno y nunca se deberían extender a otros espacios.

En este sentido, tal y como recuerda en su resolución la AEPD, las cámaras en interiores de vehículos están permitidas solo dentro de ese ámbito doméstico. Esto quiere decir que tan solo se podrían capturar imágenes dentro de lo que acontece en el automóvil no estando permitida la captación del exterior.

Principio de minimización de datos

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), normativa marco en Europa por la que se rige la LOPD-GDD, obliga a minimizar los datos tratados. Esto quiere decir que los datos personales que se traten deben ser «adecuados, pertinentes y limitados» con respecto a la finalidad perseguida.

Para la Agencia, este principio de minimización de datos se ha visto vulnerado a través de esta cámara instalada de manera furtiva. Un dispositivo fijo activo capturando imágenes del exterior de manera continuada y sin justificación en una zona próxima a un centro escolar. Una práctica que derivó en la resolución del procedimiento imponiendo al demandado una multa de 1.000 euros.


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Imagen de Sklostudio en Pixabay