Sancionado con 5.000 euros por usar una webcam en el piso que tenía alquilado

El demandado hacía uso de un sistema de videovigilancia que captaba imagen y sonido de la actividad de su inquilina

Accedemos a un piso y en el recibidor se encuentra una webcam. Una medida disuasoria para ladrones que solo enfoca a la entrada de la vivienda por seguridad.

Así justificaba su uso el arrendador de un piso según palabras de su inquilina: “me dijo que solo enfocaba a la puerta de entrada por seguridad y el sonido estaba desactivado”.

Un día, mientras usaba el aspirador, la arrendataria rompió accidentalmente una televisión, un biombo y una mesa que no eran de su propiedad. A raíz del percance, el arrendador decidió compartir con ella el vídeo que había captado a través del dispositivo instalado en la vivienda que evidenciaba lo sucedido.

La sorpresa fue cuando la afectada descubría que la cámara no enfocaba únicamente a la puerta de entrada, tal y como le habían asegurado desde un inicio, y que el dispositivo captaba también sonido.

“Me sentí espiada ya que enfoca parte del salón donde yo he tenido conversaciones privadas por teléfono y me ha podido ver todo lo que hacía” – explica en su denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.

A raíz de la denuncia interpuesta, el propietario del inmueble no negó los hechos indicando que la denunciante era conocedora de la existencia de la cámara y manifestando su disconformidad ante la reclamación:

“NO entiendo el motivo de la Denuncia, porque la cámara está dentro de mi casa (…). La cámara es de sobremesa comprada en Amazon, situada en el mueble del recibidor y enfoca hacia el interior (…) para ahuyentar a posibles ladrones. Los datos se almacenan en una tarjeta de memoria instalada en la misma cámara y la única persona que tiene acceso soy yo”.

Los datos personales en el ámbito personal o doméstico

El artículo 2.2.c del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece que los tratamientos de datos personales realizados por un particular en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas están fuera del ámbito del RGPD.

Sin embargo, la Agencia estimó la denuncia por el uso de un dispositivo de grabación que captaba imágenes y sonido de su inquilina sin causa justificada, ya que, en este caso, la noción de “ámbito personal o doméstico” desaparece en el momento que se cede el inmueble en alquiler. Momento en el cual dicha captación está sujeta a lo establecido por el Reglamento y, por ende, a la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) debiendo cumplir con las garantías recogidas por la norma.

Como responsable del sistema de videovigilancia instalado y atendiendo a la investigación realizada por parte de la Agencia, el denunciado fue sancionado con 5.000 euros por una infracción del artículo 5.1.c. relativo a la minimización de datos donde se establece que los datos personales deberán ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.


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Imagen de will songwan en Pixabay

Las empresas españolas desconocen cómo hacer un uso legítimo de la videovigilancia

Según la última memoria de actividad de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la videovigilancia ha supuesto aproximadamente el 60% del total de las resoluciones registradas de procedimientos de apercibimiento en el sector privado. Unos resultados que dejan entrever el desconocimiento por parte de las empresas españolas sobre el uso de estos sistemas.

“La videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de imágenes. Cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD)” – explica la Agencia.

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